BUENOS AIRES.- La causa “Hotesur” suma dolores de cabeza a la ex presidenta y hoy senadora Cristina Fernández.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó ayer el procesamiento de la ex jefa de Estado junto a sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y la cineasta Florencia Kirchner, por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita, en el marco de una investigación por supuestos retornos a través de hoteles de la familia del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

La resolución judicial, firmada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, respalda el dictamen del juez federal Julián Ercolini, quien a partir de ahora quedó en condiciones de elevar el caso a juicio.

La hipótesis principal es que la ex presidenta sería una de las supuestas responsables penales por las irregularidades en una sociedad con explotaciones inmobiliarias para el presunto blanqueo de dinero.

Por idénticos delitos -supuesto lavado de activos e integrar una organización para cometer ese ilícito-, fueron confirmados los procesamientos del empresario Lázaro Báez, de su hijo Martín Báez, de la sobrina de la ex presidente Romina Mercado, del contador “K” Víctor Manzanares (detenido hace un año) y de Osvaldo Sanfelice, sindicado como socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.

La causa fue abierta en noviembre de 2014, cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria ilegal con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.

Stolbizer, con un criterio similar al expuesto por la diputada nacional Elisa Carrió, pidió que se investigara si esa sociedad y el alquiler simulado de habitaciones servía para introducir al circuito legal dinero proveniente de un delito, vinculado con la adjudicación ilícita de obra pública. Durante la instrucción de la causa “Hotesur”, Ercolini dispuso en julio de 2016 embargar preventivamente las sumas de 4.6, millones de dólares que estaban en una caja de seguridad abierta a nombre de Florencia Kirchner y poco más de 1 millón de dólares y $ 53.000 en cajas de ahorro.

En opinión de los camaristas de la Sala I, la ex Presidenta, sus hijos y los demás procesados “habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado Nacional, cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”. Según los vocales Bruglia, Bertuzzi y Llorens, de esa manera “se canalizaron los fondos en forma regular desde las empresas de Báez, adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a la firma Valle Mitre S.A. (también de Báez) fundamentalmente a través de la actividad hotelera (para) ocultar la fuente real del dinero” destinado a los Kirchner.

A la vez, la resolución de segunda instancia estimó “excesivos” los embargos y los redujo en muchos casos a menos de la mitad fijada por Ercolini. “Se verificaron pagos por $ 26,5 millones de Valle Mitre a Hotesur SA”, remarcó el tribunal.

Según el fallo, Néstor Kirchner, Cristina y sus hijos habrían extraído dinero de Hotesur “sin distribuir dividendos de acuerdo a las ganancias realizadas y líquidas correspondientes a un balance de ejercicio confeccionado y aprobado”. Se registraron además “otras anomalías vinculadas a la forma en la que fueron llevados los libros societarios”.

El fallo repasa también numerosas y multimillonarias transferencias de fondos, las que habrían posibilitado, hace algo más de una década, la adquisición de los hoteles de la familia Kirchner.

En una resolución con reiteradas referencias a numerosas sociedades, entre las que se destaca Austral Construcciones, de Lázaro Báez, Cristina y sus hijos fueron responsabilizados como accionistas de “Hotesur” y propietarios del hostal “Las Dunas”. (Télam-DPA-Especial)